La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en ingles), dependiente de la Unión Europea (UE), inició una investigación sobre el presunto desvió de fondos asignados al Gobierno de Bolivia para la ejecución de tres programas de saneamiento y dotación de agua potable en zonas rurales, a través del ahora extinto Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Esta entidad se encarga de investigar casos de corrupción que afectan los recursos de apoyo internacional que proporciona la UE. El presente caso está vinculado al presunto pago de coimas de empresas a funcionarios del anterior Gobierno para validar la adjudicación de obras.
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“La UE envía dinero previa presentación de proyectos, lo aprueba, suscribe un convenio con el Estado, llega la inversión y se tiene que cumplir su fin. Sin embargo, la UE, al ver que existe casos de corrupción y coimas, lo que hace es iniciar una investigación sobre si la inversión que han hecho a llegado a cumplir su fin o está vinculados” a supuestas irregularidades, declaró el abogado Abel Loma.
La información fue confirmada por el jurista tras recibir una nota enviada este noviembre desde Bruselas por la Jefatura de la Unidad Operaciones e Investigaciones Internacionales de la OLAF.
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Loma explicó que la entidad europea determinó activar una carpeta de investigación en diciembre 2023 por supuestas “irregularidades y fraude” en tres proyectos estatales financiados por la UE: “Saneamiento en zonas rurales y pequeñas comunidades y gestión integral del agua en áreas urbanas»; «Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado en Aras Urbanas u Peri-Urbanas”; y el Programa de Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas.
La OLAF entabló comunicación el jurista porque es el representante legal de Claudia Cortez, catalogada como la testigo clave que reveló el cobro de coimas del un porcentaje del valor de contratos adjudicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua bajo el rótulo de “aporte a organizaciones sociales”.
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Por este caso, el extitular de la cartera de Estado, Juan Santos Cruz, cumple detención preventiva desde 2023.
En ese sentido, Loma indicó que la agencia solicitó información que pueda proporcionar la testigo y abrió la posibilidad de que brinde un testimonio directo, ya sea oral o escrito. También pidió detalles de los proyectos investigados y de los pagos “recibidos u organizados” vinculados con los fondos europeos.
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“Lo primero que vamos a hacer nosotros es coordinar con el Gobierno boliviano, vamos a cruzar una nota, hoy en la mañana, adjuntando una copia de esta nota para ver si puede haber una vía de coordinación. Si no hay ninguna respuesta vamos a responder nosotros a este requerimiento que nos hace la UE”, afirmó el jurista.
Adelantó que junto con Cortez establecerán si los proyectos vinculados a la investigación son los mismos cuyas pesquisas se encuentran del denominado caso “coimas millonarias”.
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Además de Cruz, el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, también fue enviado a la cárcel por sospechas de haber recibido recursos provenientes de ese esquema.