La Confederación Nacional de Jubilados de Bolivia se declaró en estado de emergencia este lunes y solicitaron al Gobierno una “intervención técnica urgente” a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, para verificar la administración de los aportes y la situación actual de los fondos de pensiones.
“Estamos pidiendo la intervención técnica (de la entidad), además de una auditoría interna y externa. Queremos que nos muestren los contratos y las inversiones que han realizado”, declaró Rodolfo Ayala, dirigente del sector.
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Ayala justificó el pedido e indicó que existen observaciones en el manejo de los recursos durante la administración del expresidente Luis Arce, lo que generó una creciente preocupación en las bases del sector sobre el futuro de sus fondos.
En ese marco, el dirigente anunció que emprenderán acciones legales contra exautoridades de Gobierno como ejecutivos del Ministerio de Economía, de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), el último gerente de la Gestora Pública, Darwin Ugarte y contra el propio Arce Catacora por un presunto “mal manejo” de los fondos de pensiones.
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“Estamos en estado de emergencia porque no vamos a dejar pasar esto así nomás”, afirmó Ayala, en referencia a presuntas irregularidades en la entidad estatal.
En mayo de 2023, la Gestora Pública asumió plenamente el pago de pensiones y la recepción de aportes, en medio de dudas sobre la seguridad y la rentabilidad de los recursos.
El sector considera necesario transparentar el estado actual y la situación financiera de la entidad, al recordar que los fondos administrados representan la estabilidad de millones de trabajadores del país en su retiro.