El exjuez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, involucrado en el denominado caso “consorcio”, que investiga una presunta red de manipulación judicial cuyo objetivo era forzar la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, fue encontrado sin vida en su domicilio este domingo, informó su abogada, Zuleika Lima.
“Estamos en los primeros elementos de cuáles han sido los responsables, pero en efecto la familia, la defensa técnica del doctor Lea Plaza vino advirtiendo de esta situación con vehemencia. Esto ha sido un homicidio y suicidio”, declaró la jurista a Red Uno.
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Afirmó que su defendido fue víctima de presuntas torturas y responsabilizó al exministro de Justicia, César Siles y la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, y a “todas esas personas que, a través de su poder, hostigaron a Lea Plaza». “Él tenía amenazas y fue torturado por Régimen Penitenciario y la Policía, en base a todos los elementos que presentó el Ministerio Público en su momento”, añadió.
“Hemos pedido auxilio a la justicia y este es el desenlace fatal de una situación (…) han querido siempre llegar a esta situación, a este desenlace. A callar la voz de un testigo protegido, además que no solamente era un testigo protegido, sino que el doctor Lea Plaza era un colaborador eficaz”, aseveró Lima.
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La Policía aún no emitió un informe oficial sobre el deceso de Lea Plaza, pero confirmó que inició las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.
Lea Plaza enfrentaba cargos por, tráfico de influencias, prevaricato y falsificación de documentos, y cumplía detención domiciliaria en su vivienda, ubicada en la zona sur de la ciudad de La Paz. El caso cobró notoriedad luego de la filtración de un audio donde se escuchaba al exministro Siles coordinar con el juez una acción judicial para inhabilitar a la magistrada Coaquira, que era respaldado por “altas esferas”.
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El 12 de junio, la Policía aprehendió a Lea Plaza y desde entonces fue considerado una de las piezas clave para develar a los integrantes de una supuesta estructura del consorcio judicial, que coordinaba decisiones jurisdiccionales fuera del marco legal para beneficiar intereses políticos y personales.
En su declaración, el juez aseguró que dictó la resolución bajo la presión de altas autoridades judiciales y del órgano Ejecutivo. Posteriormente, Castro fue vinculada al proceso, debido a unos chats en los que presuntamente había instruido a Lea Plaza destituir de su cargo a la magistrada Coaquira, mediante argumentos jurídicos.
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Por este caso, ocho personas en total permanecen investigadas, de los cuales uno se encuentra prófugo y otros siete cumplen distintas medidas cautelares dictadas por la justicia, entre ellos Siles, quien cumple detención domiciliaria.
De acuerdo a la investigación, el exministro enfrenta cargos por el delito de consorcio de jueces, fiscales y abogados. Aparentemente, habría planificado inducir fallos para deponer a Coaquira y forzar la habilitación de su suplente, Iván Campero.