El pasado domingo 12, autoridades del Gobierno de Bernardo Arévalo informaron la fuga de 20 presos «de alta peligrosidad», miembros de la pandilla Barrio 18 de la prisión Fraijanes II, cerca de la capital. Lo cual este hecho desató una crisis política, con criticas al gobierno y llamados a que el ministro encargado de seguridad deje su cargo.
Sin embargo, el Gobierno no precisó la fecha de la evasión, que ocurre en medio del aumento de homicidios en el país. Estados Unidos calificó de «inaceptable» la fuga, mientras políticos, analistas y gremios empresariales alzaron sus voces contra la inacción del gobierno. «Creo que es la crisis más grande del gobierno hasta el momento […], porque a los ojos de Estados Unidos son 20 terroristas fugados«, dijo a la AFP el constitucionalista Edgar Ortiz.
Esto «ha generado un efecto muy grande en materia de seguridad, pero también una crisis política importante«, añadió. Tres diputados -entre ellos el presidente del Congreso, Nery Ramos- propusieron dictar rápidamente una ley antipandillas que endurezca las penas.
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La semana pasada el gobierno envió al Congreso su propio proyecto de ley antipandillas, que también contempla un aumento de penas y la construcción de una cárcel de máxima seguridad. El gobierno reforzó la vigilancia en las cárceles y fronteras de El Salvador, Honduras y México y ofreció recompensas por los fugados. Hasta ahora solo uno ha sido recapturado.
«Es un tema grave», dijo a la AFP el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). La percepción «de inseguridad va a crecer, porque ya estaba alta por la dinámica de las pandillas y ahora estas personas están libres«, advirtió. Cuando se hizo pública la fuga, Arévalo se encontraba en Europa, donde se reunió el sábado con el papa León XIV, y regresó a Guatemala el lunes en la noche.
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«Creo que la crisis se ha hecho más grande por la ausencia del presidente. Han pasado 48 horas y no hay pronunciamiento presidencial en una crisis de este tamaño«, señaló Ortiz. Distintas bancadas del Congreso, incluida la oficialista, han pedido la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a quien consideran responsable de la fuga. El ministro destituyó al jefe del sistema penitenciario y al director y subdirector de Fraijanes II, pero ha descartado dimitir.
Los analistas estiman que existe una falla «estructural» en el sistema penitenciario nacional. «Se suman muchos factores y al final de cuentas evidencian un liderazgo débil ante una crisis como la que vivimos de parte del presidente«, sentenció Ortiz. Quezada indicó que, si bien en todos los países hay fugas de reos, «el problema acá es que al día de hoy no se logra establecer cuál fue la razón por la que [los pandilleros] salieron por la puerta principal» de la cárcel.
La Cámara Guatemalteca de Comercio señaló que esta fuga constituye un «grave atentado contra la seguridad nacional» y «el colapso y fracaso del sistema de seguridad«. Por ello, la Cámara pidió decretar un «estado de prevención que permita salir al Ejército a las calles en resguardo de la ciudadanía» y «militarizar y tomar control de las cárceles«. El 23 de septiembre Estados Unidos declaró como organización «terrorista» a la pandilla Barrio 18, luego de hacerlo meses antes con su antagónica Mara Salvatrucha.
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Ambas pandillas son responsables de la violencia que vive el país y se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros. La tasa de homicidios en el país pasó de 16,1 por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 homicidios este año (más del doble del promedio mundial), de acuerdo al CIEN.

