La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la denuncia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra los cinco magistrados ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego que el Ministerio Público se declaró incompetente para abordar la causa.
“La Comisión de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca y, en especial, la Fiscal Analista, (…) ha determinado remitir la denuncia ante la Asamblea Legislativa, ante la presidencia de la Cámara de Diputados. La sala penal de Chuquisaca ha determinado la incompetencia en la vía ordinaria para procesar a las autoridades del TCP”, declaró el fiscal general Roger Mariaca, en conferencia de prensa.
Explicó que el Ministerio Público “dispuso remitir la denuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que determinen la situación jurídica de los sindicados”
Según Mariaca, la Fiscalía de Chuquisaca analizó, dentro de los plazos legales correspondientes, todos los antecedentes del caso y consideró también decisiones jurisdiccionales previas para asumir una decisión que no vulnere el procedimiento.
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“El Ministerio Público no tiene atribuciones para procesar ni destituir a autoridades electas conforme al mandato constitucional. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional, como órgano competente, la que debe analizar y decidir la situación jurídica de los magistrados denunciados”, manifestó el fiscal.
Saucedo interpuso el miércoles una acción judicial contra los magistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo, por los delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución, ya que los altos funcionarios cumplieron su mandato en diciembre de 2023 y extendieron su mandato con una resolución aprobada por ellos mismos.
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A través de redes sociales, el presidente del TSJ exigió que la renuncia de los magistrados ‘autoprorrogados’ y afirmó que el TCP es “una de las instituciones que más le ha causado daño al país y su democracia”.
En contraparte, el magistrado Hurtado, que preside el TCP, manifestó que la denuncia busca generar incertidumbre y afectar la segunda vuelta del próximo 19 de octubre.
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A su criterio, Saucedo “pretende iniciar persecución judicial en contra de algunas autoridades” del TCP “con el objeto de generar un vacío de poder que impida se ejerza un control de constitucionalidad”.
Por otra parte, el exmandatario y expresidente de la entonces Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó que los magistrados “autoprorrogados” cesaron en sus funciones el 31 de diciembre de 2023 y que no gozan del fuero juicio de responsabilidades.
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“El Fiscal General está obligado a promover acción penal pública por denuncia. No hacerlo es avalar la ‘auto prórroga’”, afirmó en redes sociales.