El analista político y abogado constitucionalista William Bascopé afirmó que existen “razones fundadas y profundas” detrás de la decisión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, para iniciar una “acción penal” contra los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El conflicto no radica en su renuncia o permanencia, sino en los posibles intereses políticos que estarían detrás de las decisiones del TCP, explicó el analista a Radio Splendid.
“El presidente del Tribunal Supremo de Justicia debe tener razones bastante fundadas como para poder llevar adelante una acción ya de carácter penal”, sostuvo y aclaró que, en su criterio, la situación del TCP genera “sospechas” por los casos que llegan a manos de determinados magistrados, donde podrían existir “actos de prebendalismo (favorecer a determinadas personas concediéndoles prebendas: empleos lucrativos) y corrupción”.
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Asimismo, cuestionó que la salida de estos magistrados pueda poner en riesgo el proceso electoral, como afirmaron los miembros del TCP. “Mentira. La Constitución en ningún lado le da esa atribución de llevar adelante elecciones. Eso lo hace el Tribunal Supremo Electoral, no el Tribunal Constitucional”, remarcó y añadió que el argumento de que su salida afectaría la segunda vuelta es “una excusa para mantenerse en el poder”.
Vásquez afirmó que los magistrados prorrogaron su mandato “abusando de la interpretación constitucional” y calificó su actuación como “una obscenidad”. “La constitución es bien clara: solo son seis años de mandato por voto”, enfatizó y aseveró que ellos no pueden interpretar la constitución para beneficiarse.
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Planteó que el próximo Gobierno deberá encarar una renovación total del sistema judicial. “El 80% de los operadores de justicia son apadrinados por el masismo (Movimiento Al Socialismo). Con ese Poder Judicial corrupto, ladino y prebendal, es muy difícil que la justicia mejore en este país”, advirtió.
Por último, insistió en que “los autoprorrogados deben irse” y que la cesación de sus mandatos es “una medida sensata para restablecer la legitimidad institucional”.
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