La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de un comunicado, cuestionó el proyecto de Ley 547/2024- 2025, que propone un nuevo diferimiento en el pago de cuotas de créditos para vivienda social y de micro y pequeñas empresas, y consideró que cualquier normativa que involucre la estabilidad del sistema financiero debe ser responsabilidad del nuevo Gobierno.
La propuesta legislativa impulsada por el Gobierno ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y fue remitida al Senado para su tratamiento.
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A criterio de la CPEB, el Gobierno pone en duda su compromiso de garantizar una transición responsable y evitar medidas que acrecienten la actual crisis económica. En ese marco, consideraron que cualquier normativa con incidencia en el sistema financiero deber ser “discutida y definida por la siguiente gestión de Gobierno, sin la presión de normas contradictorias impuestas a último momento”.
“(El proyecto de Ley) representa un riesgo para nuestra economía, debido a que pone en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero nacional, en especial de las entidades dedicadas al microcrédito, que en muchos aspectos sufrirían el freno en el pago de cuotas de más del 80% de su cartera vigente, lo que las dejaría al borde de la suspensión de actividades”, dice el primero de siete puntos del documento emitido por la institución empresarial.
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Advirtió que el proyecto de Ley no fue consensuado con los actores económicos involucrados y representa –a su criterio– una forma de intervención estatal que altera las relaciones entre ahorristas, prestatarios y entidades financieras.
El proyecto de Ley de diferimientos de créditos establece al menos tres medidas para los prestatarios de vivienda social y emprendimientos: suspensión de embargos, diferimientos de pagos por seis meses y conservación de las condiciones originales de los préstamos sin cobros adicionales ni intereses extra. Eso sí, la norma no implica condonación de deuda, sino un aplazamiento temporal de las obligaciones.
De acuerdo al texto del proyecto, las entidades financieras no podrán ejecutar embargos o garantías sobre créditos de vivienda social, ni ejecutar sentencias judiciales por la mora de pago de créditos por el lapso de seis meses.
La CEPB reconoció los problemas económicos que atraviesan varias familias y unidades de producción, sin embargo, señaló que la salida a la crisis debe plantearse a través de políticas estructurales, y no mediante medidas que generaron mayor incertidumbre en la economía.
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Además, recordó que la aplicación de anteriores diferimientos no lograron sus objetivos y contribuyeron al incremento de la mora en los créditos y debilitaron la cultura de pago.
“La postergación en el pago de créditos no afecta únicamente a las entidades financieras, ya que compromete el ahorro de las personas naturales y jurídicas, al trabajo de los gestores de crédito, a las compañías de seguros y a quienes no podrán adquirir nuevos préstamos por la falta de liquidez de las entidades financieras”, indica el cuarto punto del documento.
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En ese marco, los empresarios pidieron a los representantes de la Cámara de Senadores que “tomen una decisión prudente y correcta respecto a esta propuesta, y que impidan la aplicación de una medida que va a profundizar la grave crisis por la que atraviesan todos los bolivianos”.
Días atrás, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió la medida señalando que beneficiará a alrededor de 1,4 millones de prestatarios, mientras que la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) alertó que la medida comprometería la estabilidad del sistema financiero y derivaría en una inevitable restricción del crédito hacia familias y empresas, en especial a los sectores más vulnerables.