La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de ONU Derechos Humanos en América del Sur advirtieron que la anulación de los procesos judiciales contra policías y militares investigados por los casos de Senkata y Sacaba, ocurridas en 2019, puede representar un “retroceso” en la búsqueda de justicia y la revictimización de las personas afectadas.
La Sala Penal Tercera de La Paz ratificó la Resolución Nº 211/2025, confirmando la nulidad de los procesos en el caso de Senkata el 9 de septiembre. En ese contexto, las entidades advirtieron que las resoluciones de los tribunales podrían “obstaculizar la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos” e instaron a las instituciones a evitar demoras que “favorezcan la impunidad”.
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De igual manera, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia) y la ONU recomendaron investigaciones para esclarecer los hechos que dejaron al menos 20 personas fallecidas y decenas de heridos en Senkata y Sacaba el 2019.
Por su parte, la ministra de Justicia hizo referencia al comunicado de la CIDH y ONU y afirmó sería un precedente “nefasto” si no se sanciona a los responsables.
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