Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, con el objetivo de defender los derechos de la niñez y adolescencia frente a los riesgos en plataformas digitales. Este hecho se da tras conocerse que la violencia en redes sociales contra menores de edad, no están tipificados en el Código Penal.
La propuesta busca prevenir, sancionar y erradicar delitos sexuales cometidos contra menores de edad a través de plataformas digitales, redes sociales y otros medios electrónicos. Entre los delitos tipificados se encuentran el “grooming”, la producción y difusión de material de abuso sexual infantil, así como el contacto indebido con fines sexuales hacia niñas, niños y adolescentes.
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“Hay personas mayores que utilizaban estas redes sociales para captar a menores de edad, en Potosí hace dos meses atrás hemos tenido un caso y una persona que se hacía pasar por mujer captaba a varoncitos menores de edad para luego engañarles, seducirles y tener relaciones sexuales”, dijo Juan José Torrez, diputado potosino por CC.
Este proyecto de ley, dispone de 4 a 8 años de cárcel para las personas que contacten a menores de edad mediante medios electrónicos con fines sexuales o eróticos, mediante el envío de mensajes, imágenes, videos u otros contenidos de carácter inapropiado.
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Antes de su aprobación, el proyecto fue socializado con diputados y periodistas, con el fin de recoger sugerencias, aclarar dudas técnicas y generar un debate informado sobre el alcance de la norma y su impacto en la protección de la niñez y adolescencia.
El título XI del Código Penal sanciona los delitos contra la libertad sexual, pero no menciona las tecnologías o redes sociales; asimismo, en los delitos informáticos solo figuran la manipulación informática y el acceso y uso indebido de los datos informáticos.
“Este proyecto deja un legado muy importante con relación a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, un sector tan vulnerable que necesitaba esta atención de parte de sus autoridades”, mencionó el fiscal general, Roger Mariaca.