La orden de aprehensión, el arraigo migratorio y la declaratoria de rebeldía contra el expresidente Evo Morales continúan vigentes, dijo el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en el marco del presunto delito de trata de personas con agravante, estas medidas fueron dispuestas por un juez de Tarija.
Mariaca mencionó que la ejecución de la orden de aprehensión está en manos de la Policía Boliviana. “Tenemos una imputación formal presentada y una declaratoria de rebeldía que dictó un juez cautelar en Tarija. Conforme al juez de La Paz, todo se mantiene vigente”, explicó.
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La aclaración surge tras conocerse que la juez Lilian Moreno anuló la orden de aprehensión contra Evo Morales y dictó que el caso de trata sea trasladado de Tarija a Cochabamba. No obstante, días después el juez Franz Zabaleta de La Paz decidió que las determinaciones contra Morales seguían vigentes.
Mariaca subrayó que el Ministerio Público debe actuar conforme a la ley y que no le corresponde invalidar resoluciones judiciales: “Nuestra obligación es dirigir la investigación, pero hay decisiones que son exclusivamente jurisdiccionales”, señaló.
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“La autoridad jurisdiccional de La Paz ha determinado que se mantenga vigente el auto que dictó el juez de Tarija (…) están plenamente activas las medidas previstas en los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal”, precisó Mariaca.
“Vamos acatar lo que establece el procedimiento. Tenemos una imputación formal presentada en su momento y una declaratoria de rebeldía que dictó un juez cautelar en Tarija, lo cual, conforme a lo que ha mencionado el juez de La Paz, se mantiene vigente. Entonces, el ejecutarlo es, netamente, un trabajo de la Policía Boliviana”, agregó Mariaca.
En octubre del 2024, la Fiscalía de Tarija emitió la orden de aprehensión contra el exmandatario por el delito de trata de personas, pues supuestamente tuvo una hija con una menor de edad cuando era presidente. Aunque, luego se conocieron de dos recursos, uno en La Paz y otro en Santa Cruz.