Cámara Nacional de Industrias presentó esta tarde un proyecto de ley para derogar la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE)-2025.
Pablo Camacho, representante de los empresarios y productores, aseguró que “la unidad del empresariado es firme en este punto» y que no darán «el brazo a torcer” aseguró que no cederán ante la medida, que autoriza el decomiso de productos en caso de agio y especulación.
Para este lunes, a las 15.30, la CNI convocó a la presentación del proyecto que busca derogar la disposición séptima del PGE.
“Hemos sido contundentes en nuestras determinaciones: no participaremos en reuniones para su reglamentación y, de no obtener respuesta, se llevará adelante un paro movilizado nacional el 10 de febrero”, repitió el empresario, en una entrevista con el portal Economy.
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“La CNI y todo el sector empresarial han sido claros: esta disposición debe ser derogada. Su aplicación generaría incertidumbre y afectaría gravemente el clima de inversiones. No podemos permitir que se habiliten mecanismos discrecionales de control que puedan traducirse en abusos o extorsiones contra el sector productivo formal”, expresó el representante de los empresarios.
Camacho apuntó que los empresarios están de acuerdo en que se debe garantizar el abastecimiento y evitar prácticas especulativas, pero la ley ya contempla sanciones para ello. “La disposición séptima es una medida innecesaria que solo genera más burocracia y riesgo de arbitrariedades. Además, la falta de divisas y combustibles no es responsabilidad de los empresarios, sino de la gestión estatal”, enfatizó.
Tras una reunión multisectorial el pasado 21 de enero, los sectores productivos ratificaron que, de no derogarse esa disposición, iniciarían movilizaciones y un paro a partir del 10 de febrero.