El presidente conservador de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha declarado este martes por la noche la ley marcial y ha acusado al bloque de izquierdas que controla la asamblea nacional de favorecer los intereses de Corea del Norte. Yoon, un antiguo fiscal general de línea dura, ha declarado la emergencia argumentando que el Partido Democrático de Corea, en la oposición, había paralizado las actividades estatales.
En una emisión televisiva, ha prometido «erradicar a las fuerzas pro norcoreanas y proteger el orden democrático constitucional». Aún así, no ha dado detalles de cómo se aplicaría la ley marcial ni qué efectos puede tener en el día a día del país.
Pese a la incertidumbre actual, las imágenes de tanques por las calles que rodean el parlamento, la fuerte presencia policial en su exterior y los helicópteros que sobrevuelan el edificio –incluso alguno ha aterrizado en la azotea del edificio–, según informa la agencia de noticias AFP, ofrecen un escenario muy preocupante. De hecho, el texto de la ley prohíbe «todas las actividades políticas, incluidas las de la Asamblea Nacional, los ayuntamientos, los partidos políticos» y las manifestaciones. Añade que «todos los medios y publicaciones estarán sujetos al control del Mando de la ley marcial».
En la práctica, pues, y con la pretendida excusa de la amenaza norcoreana, Yoon Suk-yeol habría promovido un auto golpe de estado. No en vano, en su discurso ha pedido al pueblo surcoreano que confíe en él y que tolere «algunas molestias» que la ley marcial ocasionará. La oposición, remachó el presidente, estaba planeando una rebelión. Una afirmación que no ha sustentado con prueba alguna.
En respuesta a la decisión presidencial, los líderes de la oposición han convocado a los legisladores en el Parlament y han denunciado la declaración de la ley marcial como inconstitucional. Yoon está en desacuerdo con la mayoría opositora en el Parlament, que la semana pasada votó por reducir casi 3.000 millones de dólares de su presupuesto propuesto para 2025, una medida vista como un intento de limitar la presidencia.