El Gobierno ecuatoriano no liquidó una deuda de 30 millones de dólares a Lafattoria S.A., empresa encargada de suministrar alimentos para nueve recintos penitenciarios en Guayas, Ecuador.
Ante tal situación, las familias de los reclusos empezaron a realizar colectas de alimentos para sus familiares privados de libertad y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) acudió al Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) para entregar 448 latas de atún y 12 de sardinas que lograron recolectar.
«Las cárceles de Guayas (…) no cuentan con una empresa formal de servicios de alimentación. La mayoría ha tenido que sostenerse a base de donaciones de la iglesia y de familiares de personas privadas de libertad», señalo el organismo en un comunicado.
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La CDH pidió que se restablezca el suministro de alimentos a través de los canales institucionales establecidos en la ley y recordó que la «restricción de alimentos a personas privadas de libertad constituye tortura y cuyo único responsables es el gobierno nacional».
Por otra parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó que su decisión de prescindir de los servicios de Lafattoria S.A. se debe a que presuntamente esta empresa tendría vínculos con el crimen organizado, puesto que los gobiernos anteriores al suyo «entregaron el Ecuador a estos delincuentes (empresas de provisión de servicios presuntamente ligadas a mafias criminales) por años, acostumbrándonos a otro tipo de política.
En respuesta a Noboa, Richard Villagrán, presidente de Lafattoria S.A. calificó lo ocurrido de «juego político» y defendió el trabajo «transparente y honesto» que lleva realizando su compañía por mas de 10 años.