La Procuraduría General del Estado, en coordinación con la Cancillería, tramita la repatriación de $us 2 millones confiscados por la Justicia de los Estados Unidos (EEUU) en el juicio seguido contra el exministro Arturo Murillo y otros coautores, informó el Procurador, César Siles.
“Se ha logrado confiscar alrededor de dos millones de dólares, que están en cuentas del Tribunal de Justicia en los Estados Unidos. Hemos iniciado con el trámite de repatriación de eso dinero”, explicó.
Si bien el dinero confiscado no pertenece a Murillo ni a su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, le pertenece a sus cómplices Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes cumplen una condena por lavado de dinero y soborno en el país del norte por los recursos económicos provenientes del millonario sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019.
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“Al inicio del proceso penal, incluso antes de la acción reparatoria civil, se procedió en Estados Unidos a la confiscación de bienes y recursos que tenían los acusados. Aquí en Bolivia llamaríamos medidas cautelares de carácter real, esa confiscación también tiene buenos resultados para el país”, detalló.
La tramitación de la repatriación de esos recursos económicos también implica la vía diplomática, por lo que se hacen las gestiones a través de la Cancillería.
El martes, la jueza de Estados Unidos, Lisa Walsh, condenó en un proceso civil al exministro Murillo y a su excolaborador Sergio Méndez a indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 por el daño causado debido a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.
Siles aclaró que el dinero confiscado en EEUU no tiene que ver con el resarcimiento de $us 6 millones que deben pagar Murillo y Méndez, quien guarda detención preventiva en Bolivia tras su deportación del país del norte.
Murillo, considerado el hombre fuerte del gobierno de facto de Jeanine Áñez, adquirió un lote de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor, a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS).
Según las investigaciones, el gobierno de facto desembolsó $us 5,6 millones para pagar por el lote de materiales no letales, de los que $us 2,3 millones forman parte del sobreprecio.
En mayo de 2021, Murillo fue aprehendido y encarcelado, acusado de recibir sobornos pagados por una empresa e individuos estadounidenses para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar el dinero.
Las investigaciones develaron que Murillo en complicidad con Méndez, Luis y Bryan Berkman, y Lichtenfeld organizaron un plan de sobornos entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
El exministro está desde 2021 en el Centro de Detención Federal de Miami. En enero de 2023 fue sentenciado a 70 meses de prisión por conspiración para lavar dinero de sobornos que recibió a cambio de ayudar a una empresa estadounidense a ganar un contrato con el gobierno de boliviano.