El Ministerio de Economía envió una nota a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para pedir que se retiren los artículos 6 y 7 del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023, con el fin de viabilizar su aprobación en beneficio de las entidades territoriales autónomas (ETAs) y universidades públicas.
“Como Ministerio de Economía, y proyectistas, hemos enviado una nota a la Asamblea Legislativa para que se retiren los dos artículos observados con el objetivo de viabilizar su aprobación”, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa.
El presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, convocó a sesión de la Asamblea Legislativa para las 15h00 de este martes, con el fin de reconsiderar el proyecto de ley que fue rechazado en una primera instancia por la oposición y legisladores del ala “evista”.
“¿Por qué estamos haciendo esto?, porque estamos evidenciando que muchas de las entidades subnacionales, como las alcaldías, gobernaciones y universidades, dejaron de pagar sus obligaciones, como el desayuno escolar, programas de salud, pagos en educación y salarios”, explicó la autoridad.
Montenegro afirmó que la no aprobación de la norma, y prorrogar más su tratamiento, pone en riesgo la inversión pública y el cierre de gestión de las ETAs y universidades.
Como Gobierno nacional, dijo, se busca una actitud amplia y flexible para viabilizar el presupuesto y evitar mayores daños a la economía del pueblo boliviano.
Los artículos observados están contemplados en las disposiciones transitorias del proyecto de ley. El 6 hace referencia al intercambio de información entre todas las autoridades que fiscalizan los distintos sectores de la economía y grupos económicos, con el fin de transparentar las actividades financieras y que no ocurran casos como el del exbanco Fassil.
“La ASFI solo puede fiscalizar a grupos financieros, pero hay grupos económicos que también deben ser fiscalizados y ahí no llega la ASFI”, explicó el ministro.
El artículo 7 hace referencia a otorgar una especie de “inmunidad” a aquellos sujetos obligados a la hora de brindar información sobre actividades financieras, en el ámbito de luchar contra la corrupción y la legitimación de ganancias ilícitas.
“Este punto fue altamente cuestionado y puso nerviosos a muchos, por eso hemos enviado una nota para pedir que se retiren estos dos artículos y se viabilice la aprobación del presupuesto reformulado”, apuntó Montenegro.
