La inclusión financiera se relaciona con el proceso que promueve el acceso y uso de la población, oportuna y adecuadamente, de una amplia gama de productos y servicios financieros de calidad, en forma apropiada, simple y digna, con la debida protección de los derechos como consumidor financiero. En este concepto, el acceso y el uso son sus dimensiones más importantes, pues el primero representa la disponibilidad de servicios financieros de calidad a costos razonables, y en el segundo, el consumo actual de los servicios financieros disponibles por parte de la población. En el ámbito señalado, la Ley N°393 de Servicios Financieros establece que el Estado, en el ejercicio de sus competencias privativas, es el rector del sistema financiero y, como tal, promueve la inclusión financiera, entendida como la necesidad de acceso que tienen las personas a diversos productos y servicios financieros que atiendan sus necesidades de manera responsable y sostenible, en observancia de la política financiera establecida en la Constitución Política del Estado.
En ese marco, se destaca que además de las iniciativas de las entidades financieras contempladas en su planificación estratégica, el continuo desarrollo en materia de inclusión financiera ha tenido un marcado impulso a través de la implementación de distintas políticas públicas que emergen del nivel central del Estado, así como de la emisión de normativa específica por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Como resultado de dichas medidas, entre 2007 y 2023 el acceso a los servicios financieros, medido por el número de Puntos de Atención Financiera (PAF), aumentó en casi 4 veces en el área urbana y en más de 6 veces en el área rural, contando con 8.390 PAF a julio de 2023. Esto permitió que nuestro país tenga cerca de 6 puntos de atención por cada 1.000 Km2 y 17 sucursales y agencias por cada 100.000 habitantes adultos, siendo el líder en ambos indicadores a nivel de la región.
En términos de cobertura geográfica a nivel de municipios, se pasó de cubrir un 25% en 2007 a un 87% en 2023. Gracias a este significativo avance, actualmente 294 municipios del país cuentan con la presencia física de alguna entidad financiera, cifra que representa el 87% del total de municipios existentes en el país y en los cuales habita el 98,7% de la población nacional. Estos logros facilitan el acceso a los servicios financieros de la población boliviana, especialmente de los sectores más vulnerables y de las áreas rurales, quienes de forma digna, simple y apropiada pueden obtener los productos y servicios que requieren para mejorar su calidad de vida.
Un dato relevante, al respecto, es que el 100% de los municipios del departamento de Tarija ya cuentan con la presencia de al menos una entidad financiera en su territorio, aspecto que se explica por las metas anuales de cobertura de servicios financieros establecidas por ASFI, en el marco del D.S. N° 3033, que señala que para el año 2025 todos los municipios del territorio nacional deben contar con cobertura financiera.
En lo que corresponde al uso de los servicios financieros, la cantidad de cuentas de depósito se quintuplicó entre 2007 y 2023, pasando de 2,7 millones a más de 14,7 millones. De esta manera, el número de cuentas a julio de 2023 es mayor que la población total de nuestro país, que alcanza cerca de 12 millones de habitantes. Si se considera a la población mayor a 18 años, que (en general) está habilitada para abrir una cuenta en el sistema financiero, en promedio cada persona tendría alrededor de 2 cuentas de depósito.
Por otra parte, el número de prestatarios como porcentaje de la población económicamente activa pasó de representar solo el 14,8% en 2007 a cerca del 28% en julio de 2023, mostrando que cada vez un mayor número de personas accede a créditos en el sistema financiero denotando los avances en inclusión financiera. Otro indicador que evidencia el creciente uso de los servicios financieros es el número de tarjetas de débito que, en los últimos 10 años, prácticamente se triplicó, registrando a julio de 2023 un número superior a los 6,5 millones, aspecto que está en línea con el aumento significativo de la utilización de medios electrónicos de pago, que cobró aún más fuerza después de la Pandemia del Covid-19.
Con relación a la brecha de género en el acceso y uso de los servicios financieros, se debe señalar que esta se ha reducido sostenidamente en los últimos años, registrándose un importante incremento de la participación de la mujer en el sistema financiero boliviano. Productos financieros dirigidos especialmente a este segmento poblacional como los programas “Mujer BDP”, “Jefa de hogar”, “Banca mujer” y otros, han contribuido a reducir la brecha de género, siendo que a julio de 2023 el 41% de los titulares principales de los préstamos son mujeres y, en el caso de los codeudores (particularmente importante en los créditos de vivienda) la participación de la mujer alcanza al 60% del total.
En referencia a sectores vulnerables como adultos mayores y discapacitados, en el marco de lo dispuesto normativa emitida por ASFI, éstos cuentan con atención preferente en las entidades de intermediación financiera, pudiendo acceder también a productos financieros que en varios casos son diseñados acorde a sus necesidades.
Con relación a la profundización financiera, medido por los indicadores depósitos/PIB y cartera/PIB, Bolivia ocupa el primer lugar y segundo lugar, respectivamente, con relación a los países vecinos, mostrando de esta manera el liderazgo regional.
Como se puede evidenciar de manera elocuente existen avances significativos en cuanto a la inclusión financiera. ASFI y las entidades relacionadas con el sistema financiero cumplen a plenitud el mandato que la norma establece, siendo innegable el importante avance registrado en los últimos años, el mismo que es avalado por informes de organismos internacionales que muestran el liderazgo regional en algunos indicadores. En este sentido, ASFI continuará trabajando para mantener y consolidar un sistema financiero sólido, solvente e inclusivo.
