A través de su informe anual, la Defensoría del Pueblo, recomendó dar cumplimiento a la Ley 494 que refiere al cierre del centro penitenciario de San Pedro en la ciudad de La Paz, para dar paso a la construcción del proyecto Complejo Penitenciario acorde a las necesidades de la población privada de libertad.
En el informe la Defensoría realiza 30 recomendaciones al Estado boliviano para precautelar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país. Asimismo las recomendaciones buscan mejorar la administración de justicia, trabajar en políticas de reinserción social y también en crear mejores condiciones en los centros penitenciarios.
Por otra parte se pide evaluar el abuso de la figura de la detención preventiva, la cual es una de las causas del hacinamiento carcelario que afecta al régimen penitenciario del país.
Finalmente recordó que Bolivia ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a través de la Ley 1939 de 10 de febrero de 1999, y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de la Ley 3298 de 12 de diciembre de 2005.
El presente informe contiene los resultados de las primeras 273 visitas realizadas por el Mecanismo a diferentes centros penitenciarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar, donde se evidenció la situación de las personas que viven en privación de libertad o bajo custodia del Estado.
Estas recomendaciones están dirigidas a instancias gubernamentales como: el Ministerio de Gobierno, Dirección General de Régimen Penitenciario, direcciones departamentales de Régimen Penitenciario, Ministerio de Salud y Deportes, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Defensa y Comando General de la Policía Boliviana.