Con la suscripción de un convenio la Defensoría del Pueblo brindará apoyo técnico para la formación especializada de fiscales de materia y servidores del Ministerio Público en investigación de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, con enfoque en derechos humanos.
Así lo hizo conocer el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien suscribió el convenio interinstitucional con el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce; PROGETTOMONDO MLAL y el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), acuerdo que tiene la finalidad de establecer los mecanismos de coordinación y cooperación.
“La suscripción de este convenio, a partir de los procesos de formación a los fiscales y otros operadores que tienen que ver con el ámbito de la justicia, busca coadyuvar a cerrar espacios de impunidad, cuando se tienen hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, destacó el Defensor del Pueblo.
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, calificó el momento como “excelente” por la coordinación y cooperación que se gestó entre el Ministerio Público y la institución defensorial.
“Cómo va mejorando la coordinación. Precisamente a partir de la llegada del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se ha modificado la relación entre el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pues esa mejora en la comunicación, en la coordinación interinstitucional viene dando frutos muy importantes”, expresó.
De acuerdo el convenio, la Defensoría del Pueblo se compromete a brindar asesoría técnica para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas al Estado boliviano por parte del Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en lo referido a la aplicación del Protocolo de Estambul (Investigación de tortura y malos tratos) y el Protocolo de Minnesota (Investigación de muertes potencialmente ilícitas) en la labor fiscal.
Además, promoverá y desarrollará, de manera conjunta con las partes, procesos de capacitación y formación para fiscales de materia en ejercicio y servidoras o servidores del Ministerio Público sobre investigación en torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.