En la que es considerada hasta ahora su defensa más fuerte frente a las acusaciones de corrupción por las que enfrenta, por segunda ocasión, una posible destitución, el mandatario de los peruanos ofreció un amplio discurso ante el Congreso. Castillo rechazó categóricamente los cargos y subrayó que todas las ramas del Gobierno están en crisis en este momento.
Perú, un país que parece resistirse a la estabilidad política. En medio de un torbellino gubernamental, cinco mandatarios han pasado por el Ejecutivo desde 2018. Ahora, el presidente Pedro Castillo, con solo ocho meses de gestión, se enfrenta a su segunda moción en el Congreso para una posible destitución.
Ante este panorama, el líder ofreció el martes 15 de marzo un discurso ante el Legislativo, hasta el momento su defensa más agresiva frente a las acusaciones de presunta corrupción, que tienen su continuidad en la cuerda floja.
“Hoy reafirmo de manera categórica que no he cometido ningún acto de corrupción, menos participado en situación alguna que haya buscado favorecer intereses particulares”, aseguró el jefe de Estado en una intervención que duró una hora y 13 minutos ante el Congreso, al que deberá retornar el próximo 28 de febrero para el debate de la moción de vacancia presidencial.
Sus declaraciones llegan después de que el pasado 14 de marzo el Congreso aprobara admitir la propuesta de destitución por una supuesta “permanente incapacidad moral” para gobernar.
«Perú está pasando por una crisis institucional sin precedentes (…) Vamos a enviar al Congreso de la República un conjunto de reformas que nos permitan superar esta crisis estructural”, indicó en un discurso en el que también anunció próximos proyectos de ley sobre acceso a la educación, seguridad, aumento salarial para maestros y reactivación económica.
Castillo también aprovechó su intervención para presentar los logros y metas de sus casi ocho meses de gestión.
¿Cuáles son las acusaciones presentadas y qué respondió Castillo?
20 puntos componen la moción de censura contra el presidente peruano. Entre ellos se destaca la supuesta existencia de un gabinete a la sombra, las designaciones “cuestionables” de al menos 10 ministros de Estado y la presunta intención del mandatario de otorgar una salida al mar a Bolivia.
“Nunca referí que Bolivia tenga acceso al mar con soberanía por nuestro territorio y nunca lo haría tampoco. No existe ninguna palabra, ninguna expresión, plan, proyecto o documento que ponga en peligro nuestra integridad”, dijo tras la entrevista concedida a la prensa internacional en esta materia y de la que surgió la polémica.
“Debemos recordar que Perú concedió a Bolivia acceso al mar cuando el régimen de Fujimori suscribió en 1992 dicho acuerdo, que fue ampliado por el expresidente Alan García en su segundo gobierno”, resaltó.
La moción de censura también presenta señalamientos por un presunto tráfico de influencias en licitaciones y ascensos policiales y militares, así como las denuncias de la empresaria Karelim López que ha vinculado a Castillo con una red de corrupción.
López, investigada por la Fiscalía por presunta participación en delitos de corrupción, involucró a Castillo cuando declaró que el objetivo de la red que precedía sería obtener dinero de licitaciones de obras públicas para pagar las deudas de la campaña electoral del actual mandatario.
“Se repite en los medios de comunicación que me habría reunido y tendría vinculaciones con la señora Karelim López. Sin embargo, su defensa dice todo lo contrario”, enfatizó el jefe de Estado al desglosar las posiciones en su defensa.
¿Pedro Castillo planeó adelantar comicios?
Según declaró el primer ministro de Perú, Aníbal Torres, durante la comparecencia el mandatario de los peruanos iba a presentar una iniciativa de ley para adelantar las elecciones generales del país. Sin embargo, se habría retractado para dar «un último intento a la concertación».
Torres afirmó que el presidente prefirió el diálogo y «corregir» la «inestabilidad» que afronta su país por la escalada de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, antes de apostar por una nueva convocatoria a comicios generales.
Si bien Castillo reconoció “errores” y “desaciertos” de su gestión, no nombró ninguno. El Gobierno de Castillo ha pasado por más miembros del gabinete que cualquier otra administración en la historia reciente, incluidos cuatro primeros ministros.
“Una cosa son los errores de gestión y otra los supuestos delitos en los que se me pretende involucrar por motivos políticos”, enfatizó el jefe de Estado al desglosar las posiciones en su defensa.
Además de este mea culpa, Castillo manifestó al Congreso peruano y al país su «ánimo de enmienda y de corrección».
Pero el mandatario también señaló una persecución política y cuestionó la legitimidad del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
“Las principales instituciones de nuestro país tienen problemas de legitimidad, autoridades con mandatos vencidos y, en otros casos, ni siquiera tiene el quórum para funcionar o están incompletas”, sostuvo Castillo.
“Entiendo la facultad del Congreso de ejercer la fiscalización y el control político, sin embargo, estos mecanismos no pueden ejercerse mediando el abuso del derecho, proscrito en la Constitución, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas”, destacó.
Los votos necesarios para una eventual destitución de Castillo
Un intento de juicio político el pasado diciembre no logró obtener suficientes votos para que la moción fuera admitida en el Congreso liderado por la oposición.
El segundo intento fue aprobado esta semana. En una sesión plenaria, un total de 76 legisladores votaron a favor, 41 en contra y hubo una abstención.
Castillo ahora está programado para pasar por un juicio político el 28 de marzo, después de lo cual el Congreso necesitará el apoyo del 66% para destituirlo. Se necesitarán 87 votos para que eso sea posible y no está claro si los legisladores de la oposición conseguirán los sufragios.
Perú, el segundo mayor productor de cobre del mundo después de Chile, ha estado especialmente marcado por luchas internas entre las diferentes ramas del poder político, incluidos frecuentes intentos de juicio político en los últimos cuatro años.
Actualmente, tanto el presidente como el Congreso tienen una elevada desaprobación por parte de los ciudadanos según varios sondeos. Desde que asumió el cargo en julio de 2021, el índice de aprobación de Castillo ha disminuido rápidamente y ahora ronda el 25%.
Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada el pasado febrero por el diario ‘La República’ mostró que el mandatario suma un 63% de impopularidad y el Legislativo alcanza un 82% de desaprobación.
Con Reuters, AP y medios locales