Luego de que el Gobierno de Perú confirmara dos derrames de crudo en sus costas del Pacífico, la Fiscalía solicitó este jueves 27 de enero al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 18 meses contra el director ejecutivo de Repsol en Perú y otros tres gerentes. Mientras tanto, en varias ciudades se han registrado manifestaciones pidiendo que la empresa española se vaya inmediatamente del país.
Las autoridades peruanas pidieron este jueves 27 de enero a la Justicia que impida la salida del país durante 18 meses al director ejecutivo de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, y otros tres gerentes por el derrame de al menos 6.000 barriles de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en aguas del Pacífico peruano.
El vertimiento ocurrió horas después de la erupción de un volcán submarino cerca de las Islas de Tonga. Además, el Gobierno peruano confirmó el miércoles que se produjo un segundo derrame de 8 barriles de petróleo frente a una refinería costera que administra Repsol. Sin embargo, la empresa española ha negado ese otro derrame.
Este mismo jueves, el Poder Judicial debe evaluar la solicitud de la Fiscalía en el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla.
El pedido llega luego de que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste abriera una investigación contra los representantes de la Refinería La Pampilla, operada por Repsol, por el presunto delito de contaminación ambiental.
Una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos tiempos en Perú
Además de solicitar la prohibición de abandonar el país al director de Repsol, la Fiscalía peruana también incluyó al jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie, responsable de la instalación donde el buque petrolero Mare Doricum descargaba el crudo cuando se produjo el accidente.
Igualmente, los gerentes de Repsol en Perú para Calidad de Medioambiente, Cecilia Posadas Jhong; y para Producción, José Reyes Ruiz, están dentro la solicitud.
La tragedia medioambiental es muy grave, pues el derrame afectó a aproximadamente 50 kilómetros del litoral peruano y, en términos de superficie, ya abarca ocho kilómetros cuadrados, la mayoría de ellos en el agua, y afectó además territorio de dos reservas naturales.
“Es inaceptable que sigan contaminando el mar y el medio ambiente todos los días”, dijo José Llacuachaqui, representante de los pescadores artesanales de la zona afectada, citado por la agencia de noticias AFP.
El vertimiento de crudo durante la descarga de un buque tanque fue, según los directivos de Repsol, propiciado por el fuerte oleaje de ese día y que se produjo horas después de la erupción de un volcán submarino cerca de las Islas de Tonga, en el Pacífico.
Pero, no solo los pescadores han sido gravemente afectados, también cientos de especies marinas que han muerto. El Gobierno peruano declaró una “emergencia ambiental” de 90 días, asegurando que más de 180 hectáreas de costa fueron contaminadas, así como 713 hectáreas de zonas marítimas.
Por su parte, el fiscal adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, Julio César Guzmán, informó el miércoles que los cuatro funcionarios de Repsol que “estuvieron a cargo de evaluar los riesgos de la gestión” serán citados a fiscalía.
Según el funcionario, un acto de “contaminación” según la ley peruana es castigado “con una pena de 4 a 5 años” de prisión. “Pero en los casos agravados puede llegar hasta los 6 o 7 años”, subrayó.
Guzmán recordó que los responsables de la refinería dieron “información falsa a las autoridades competentes” sobre el derrame de petróleo del 15 de enero, pues, Repsol informó primero de un derrame de “seis galones” (unos 27 litros) de crudo, pero, más tarde se supo que 6.000 barriles, o casi un millón de litros, habían ido a parar al mar.
Con EFE y AFP
