La Paz, 3 nov (Radio Splendid).- La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció este miércoles que, tras la toma de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez, se tuvo daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.
“Son más de Bs 8.965.000 el daño económico que se tiene por el desmantelamiento, bajar la señal, por el ataque y la quema de los medios de comunicación (…). En provincias, municipios, las zonas rurales, no tenían comunicación. En muchos de los casos, las radios de los pueblos originarios, es el único medio de comunicación y en periodo de pandemia. Más de 5.700.000 personas fueron afectadas en su derecho a la información”, aseveró la autoridad gubernamental en conferencia de prensa.
En el caso de Bolivia TV, aseguró que se generó un daño económico de Bs 2.040.269 porque no se asumieron acciones presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional de los equipos, el costo de mantenimiento y reparación en los nueve departamentos. La situación generó la suspensión forzada de emisión con un daño de Bs. 2.593.280. Se afectó a 887.029 personas.
Dijo que además se evidenció el manejo ilegal de contratación de personal en medios estatales durante la gestión de Andrés Rojas y Gonzalo Rivera. Denunció el incumplimiento de requisitos, la gestión ineficiente y discrecional en la gestión de Recursos Humanos, la falta de registró asistencia de consultores durante enero de 2020, casos de consultorías en línea irregulares, la designación de cinco ítems al margen de la norma y la contratación de servicios profesionales en forma no adecuada.
En el caso de la radio Patria Nueva, el daño económico es de Bs 962.500 por afectaciones, por ejemplo, en la señal en repetidoras y equipos con un perjuicio para 1.795.995 personas.
En el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios el daño económico fue de Bs 2.282.319, porque no se tomaron medidas presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional ante ataques, desmantelamiento y desinstalación forzada.
Aseguró los hechos se conocieron mediante una investigación documental realizada por personal jurídico y administrativo del Viceministerio de Comunicación. Se pudo constatar que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 existieron procedimientos al margen de la norma.