Lejos de ser un instrumento de contrapeso frente a la represión del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la Justicia venezolana ha desempeñado un rol esencial en años de violaciones de derechos humanos, de acuerdo con el último informe de la misión internacional de las Naciones Unidas para ese país, publicado hoy.
«Jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidas por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores supuestos o reales», subrayó hoy la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.
El informe de más de 200 páginas, presentado en rueda de prensa en Ginebra y que se debatirá en el Consejo de Derechos de la ONU el próximo día 24, denuncia presiones gubernamentales para que los jueces nieguen garantías a los opositores, así como obstáculos a los abogados y hasta amenazas que han llevado a algunos magistrados al exilio.
«Algunos de los jueces que entrevistamos huyeron del país al no ser vistos como aliados del sistema y siguen viviendo con miedo fuera de Venezuela», denunció Valiñas.
El informe es el segundo que realiza la misión desde que el Consejo de Derechos Humanos aprobara su creación en 2019, y en esta ocasión se ha dedicado específicamente a la acción de la Justicia, aunque aclara que otras instituciones, como las fuerzas de se seguridad, siguen cometiendo abusos en Venezuela.
UNA JUSTICIA DEPENDIENTE Y CÓMPLICE
Respecto al Poder Judicial, el documento concluye que Venezuela presenta «un sistema de Justicia carente de independencia» y que «perpetúa las graves violaciones de los derechos humanos contra opositores al gobierno».
Entre las múltiples irregularidades que documenta la misión se cita el uso de la prisión preventiva como una medida rutinaria, cuando debería ser excepcional, o el hecho de que magistrados emitan órdenes de arresto con carácter retroactivo para ocultar anteriores detenciones ilegales, algunas de ellas acompañadas de torturas.
Valiñas también señaló que en ocasiones los fiscales han presentado supuestas pruebas obtenidas mediante tortura, aceptadas después por los jueces, o que algunos magistrados, pese a ver signos de maltrato en detenidos, no dudaron en ordenar su regreso a los centros donde habían sufrido abusos.
Por otro lado, muchos abogados han sufrido con frecuencia obstáculos para ejercer la defensa, y a menudo los detenidos son forzados a aceptar a un letrado de oficio, en lugar de uno de su propia elección.
El sistema de justicia de Venezuela «necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que protege los derechos de todos los venezolanos de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales», añadió otro de los miembros de la misión, el chileno Francisco Cox.
En rueda de prensa, Cox se mostró sin embargo cauto ante la posibilidad de que la justicia internacional pueda actuar ante la impunidad y la falta de independencia de la venezolana, señalando que «deben ser los tribunales o los Estados quienes decidan si ejercer o no la jurisdicción universal».
PRESIÓN POLÍTICA CONTINUADA
El informe resalta que hay «motivos razonables» para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial del país.
«Jueces y juezas a todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo», señala el documento.
La misión de la ONU destacó hoy que incluso en casos judiciales usados por el régimen venezolano para mostrar supuestos avances en derechos humanos hay signos de impunidad e irregularidades.
Es el caso del proceso sobre las muertes de Fernando Albán, líder opositor muerto en 2015 al caer desde el décimo piso cuando estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) o del militar Rafael Acosta, fallecido en 2018 con signos de haber sufrido torturas.
Las acusaciones de la fiscalía presentadas ante estos casos «tienen un alcance muy limitado y se centran en aislar a los autores de bajo nivel, en lugar de asegurar la rendición de cuentas entre personas de mayor rango en la cadena de mando», asegura el informe.
Los miembros de la misión señalaron que han enviado los resultados de sus investigaciones, para las que realizaron 177 entrevistas, al Tribunal Supremo de Venezuela y el Ministerio Público (fiscalía), sin obtener ninguna respuesta.
EFE