Cuando los miembros de la organización criminal que lidera Arturo Murillo huyeron de Bolivia, Rodrigo Méndez Mendizábal — lugarteniente principal del jefe mafioso que fungió como el represor Ministro de Gobierno en el régimen de Jeanine Añez— decidió ocultarse en la lujosa ciudad de Naples, 200 kilómetros al noroeste de Miami, sobre una paradisiaca playa del Golfo de México.
Aquel hijo del célebre Lessin Méndez (un agente policiaco del barrientismo que emboscó y ejecutó a Inti Peredo en 1969) rentó una mansión en la zona más residencial de Naples, incluido un campo de golf, su hobby favorito, dando por descontado que el Gobierno de Estados Unidos le brindaría asilo político.
Según información obtenida por Sol de Pando en entornos cercanos al grupo de Murillo oculto en Estados Unidos, la ostentación de la que hacía gala Rodrigo Méndez exhibiéndose en los círculos elitistas de Naples, una de las ciudades más caras del Estado de Florida, llamó la atención de las autoridades migratorias que activaron una investigación a cargo de la unidad de delitos financieros del FBI. A principios de este mes, el Gobierno norteamericano le comunicó oficialmente a Méndez que su solicitud de asilo político fue rechazada. Debía dar explicaciones por la utilización del sistema financiero norteamericano para cobrar un soborno en el negociado de los agentes químicos, que el entonces ministro Murillo había comprado con un sobreprecio de más de dos millones de dólares. El mafioso prófugo se tendió a una trampa a sí mismo, con ayuda del agente de la CIA Erick Foronda.
Las mismas fuentes de coterráneos en Estados Unidos indicaron a Sol de Pando que durante una reunión con residentes bolivianos en Miami, amigos suyos, Méndez había revelado que el ex secretario privado de Jeanine Añez, Erick Foronda Prieto, era encargado de tramitar el refugio político para Murillo y sus dos principales colaboradores en el Ministerio de Gobierno, es decir el ex viceministro de Régimen Interior Javier Issa, además de Méndez que ejerció como Jefe de Gabinete.
En dicha reunión, Rodrigo Méndez reveló a sus amigos de Miami que Foronda pidió a los tres prófugos un monto de $us 60.000 para “agilizar” el trámite del asilo político, sumando un total de 180.000 dólares que Erick Foronda recibió para ejercer sus influencias en Washington como agente de la CIA y activo miembro del Partido Republicano. Al parecer, el cambio de gobierno en la Casa Blanca le dificultó a Foronda frenar la investigación financiera iniciada por el FBI en el mismo marco de la solicitud de asilo político para sus representados. Investigación que se hizo inminente, además, ante las ostentaciones de Rodrigo Méndez en su mansión de Naples.
Tambalean las “Torres Gemelas” de Santa Cruz
Al caer Rodrigo Méndez en su fallido intento de asilo político que terminó desenmascarándolo, quedó desbaratada la red mafiosa liderada por Arturo Murillo. Al mismo tiempo se hizo visible la trama corrupta en la compra de agentes químicos (destinados a la represión fascista de Murillo) con un sobreprecio que ha sido cuantificado claramente por el FBI, y cuya repartija en forma de soborno es considerada una operación de lavado de dinero, dadas las transferencias efectuadas a Cochabamba por Philip Lichtenfeld utilizando la banca norteamericana.
Según el FBI, Bolivia pagó a la intermediaria Bravo Tactical Solutions (de la familia Beckman) $us 5.7 millones por la compra de gases lacrimógenos y otras “armas no letales”, y Beckman pagó a la proveedora brasileña Cóndor nada más que $us 3.3 millones. El sobreprecio de es de 2,4 millones de dólares, botín que la banda mafiosa se repartió mediante remesas enviadas por Lichtenfeld desde un banco de Estados Unidos a una cuenta familiar en Cochabamba. Por esa vía, Rodrigo Méndez recibió $us 582.000 y
$us 20.000 un funcionario del Ministerio de Defensa pertinazmente no identificado por el propio FBI. Murillo también recibió su paga, aproximadamente $us 600.000 (que su excuñado Daniel Aliss
Paredes iba retirando en partes de una caja de seguridad, hasta que fue atrapado con las manos en la masa), y el resto quedó en EE.UU. para los Beckman y Lichtenfeld.
La codiciosa ganancia de una comisión por su intermediación bancaria en aquella operación mafiosa, le podría costar a Philip Lichtenfeld su carrera empresarial. Aquel inversor cochabambino es actualmente el propietario de la franquicia del World Trade Center (WTC) para la construcción del más grande edificio comercial que está a punto de estrenarse en Santa Cruz. En esa inversión, Lichtenfeld se asoció con el argentino Damián Bacman. La vinculación del inversor boliviano con la banda mafiosa de Arturo Murillo pone en entredicho la franquicia e imagen corporativa del prestigioso grupo inmobiliario.
El complejo comercial vino construyéndose desde octubre de 2016. Demandó una inversión de $us 65 millones en su primera etapa. Su conclusión fue prevista inicialmente en un plazo de 36 meses. La obra se encuentra ubicada en el municipio de Porongo, en terrenos de la urbanización Colinas del Urubó, a seis cuadras del río Piraí. Dispondrá de 48.000 metros cuadrados de oficinas triplex (de 700 metros cuadrados cada una), en dos torres de 27 pisos conectados por un puente aéreo. El shopping tendrá 800 estacionamientos, un business center, piscinas y campos de golf, entre otras áreas.
El World Trade Centers Association cedió a Lichtenfeld y Bacman la franquicia para Santa Cruz, y un contrato afín fue firmado con la familia Saavedra del grupo Toyosa para la construcción de similares “torres gemelas” en Obrajes (Curva de Olguín), en la ciudad de La Paz.
La asociación internacional posee los derechos exclusivos para concesionar las marcas “World Trade Center” y “WTC” en proyectos de bienes raíces y de negocios alrededor del mundo. La trasnacional inmobiliaria no se ha pronunciado aún acerca del escándalo financiero que protagoniza su asociado boliviano en Santa Cruz.
Philip Lichtenfeld es heredero de una de las industrias de envases y tapacoronas más antigua y exitosa de Bolivia, la empresa Ravi. Una importante y reciente operación en la que estuvo vinculado empresarialmente fue la transferencia de la franquicia de la línea boliviana de detergentes Ola, propiedad de su familia, a la trasnacional británico-holandesa Unilever, que desde 2019 produce esa marca originada en Cochabamba.
Wilson García Mérida, Sol De Pando