Luego de que la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizara la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, los fiscales federales norteamericanos estiman que la extradición se hará efectiva antes de mayo.
Saab es solicitado por la Corte del Distrito Sur de Miami por el blanqueo de 350 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades norteamericanas consideran al colombiano una pieza vital para obtener información relevante sobre la estructural criminal de la dictadura venezolana.
“El nombre del señor Saab aparece en acuerdos con Irán, en movimientos de dólares y de oro hacia Turquía; y en negocios opacos que pasan por España, Italia, Reino Unido, Rusia y Liechtenstein. Tiene mucha información sobre Venezuela y sus aliados y sobre negocios particulares de Maduro”, aseguró un investigador, bajo condición de anonimato, al diario colombiano El Tiempo.
“Saab es la cabeza de la estructura financiera de Maduro. A partir de diciembre de 2017, de diez dólares que maneja Maduro, ocho pasan por la estructura de Saab, ya sea para adquirir alimentos o monetizar oro en Turquía y Rusia”, agregó Carlos Paparoni, comisionado presidencial de Juan Guaidó Contra el Terrorismo y Crimen.
Es tal la influencia que tiene el empresario colombiano en el régimen venezolano, que ni Estados Unidos ni Colombia saben hasta dónde llegan la totalidad de las millonarias negociaciones que maneja en nombre de la dictadura de Maduro. Por eso, la información que tiene en su poder es altamente relevante y sensible. Maduro y su entorno lo saben. De ahí los incesantes esfuerzos para lograr la libertad de Saab.
El régimen venezolano ha gastado hasta el momento unos 170 millones de dólares en la defensa del testaferro de Maduro, según indicó el gobierno de Guaidó. Desde su detención el pasado mes de junio, Caracas contrató al menos ocho bufetes de abogados en varios países como Estados Unidos, Reino Unido, y el del polémico ex juez español Baltasar Garzón.
Según detalla El Tiempo, la dictadura también destinó millones de dólares en el pago de aviones privados en los que se mueve su defensa; en el contrato con una agencia de comunicaciones y hasta en la organización de marchas y difusión de videos de apoyo a Saab.
El diario colombiano, por su parte, informa que para asegurarse la comparecencia de Saab ante la Corte del Distrito Sur de Miami, en los próximos días se anunciará la ampliación de su indictment, involucrando a gente muy cerca al empresario. Además de su entorno más íntimo, El Tiempo confirmó que en la lista de implicados aparecen algunos colombianos. Entre ellos, un abogado, que le habría ayudado a montar el sofisticado esquema societario.
También se estableció que el ex cónsul colombiano Javier Betancourt Valle está involucrado en la trama y ya ha tenido conversaciones con autoridades de Estados Unidos.
El empresario colombiano Álvaro Pulido también es acusado de blanqueo de capitales junto a Saab. Según el Departamento de Justicia norteamericano, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en Estados Unidos, razón por la que Washington dice tener jurisdicción en el caso.
Por ese motivo, el juez de Miami Robert N. Scola negó remover el título de prófugo de la justicia a Saab tras una moción en la que la defensa pedía también responder a las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos sin pisar el país.
“Saab Moran no puede atacar su condición de fugitivo y su acusación hasta que esté físicamente presente en esta jurisdicción (EE.UU.)”, aseguró el juez en los documentos de corte a los que tuvo acceso la agencia EFE.
“Saab Moran es un fugitivo”, aseguró el juez en el fallo. Detalló, además, que un acusado es prófugo “si intencionalmente evita el arresto huyendo, escondiéndose o permaneciendo ausente de la jurisdicción”.
El colombiano, de 49 años, fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición estadounidense a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
El empresario, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobrecostes alimentos para un programa de ayudas a los desfavorecidos del régimen de Maduro, conocido como CLAP.
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, Saab y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
El objetivo de los acusados “era enriquecerse mediante el pago de sobornos a funcionarios venezolanos”, según el escrito de acusación.
Mediante el pago de mordidas, presuntamente, obtuvieron en noviembre de 2011 un contrato del régimen venezolano para construir viviendas de bajos ingresos.
Los fiscales federales afirman que los suministros de las viviendas del contrato nunca se entregaron y que se sobornó a los funcionarios chavistas para que firmaran las facturas.
Además, usaron los sobornos para acceder a dólares a un precio preferencial en el marco del sistema cambiario de Venezuela, bajo el cual había diferentes tipos de cambio y los altos rangos del Gobierno podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable.
Luego, se llevaban ese dinero a bancos de Estados Unidos, intentando ocultar su origen ilícito, de acuerdo con la Fiscalía.
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