«El presente Decreto Supremo tiene por objeto disponer la baja en los registros de infracciones y multas, de los vehículos cuyos conductores fueron sancionados en el marco de los Decretos Supremos N° 4199, de 21 de marzo de 2020 y N° 4200, de 25 de marzo de 2020, a fin de coadyuvar a las familias bolivianas que debido a la desproporcionalidad de las sanciones y la falta de ingresos a causa de la COVID-19, no pudieron cubrir las multas hasta la fecha», señala el documento que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
Los decretos promulgados en marzo de 2020 por el gobierno de facto de Áñez establecían diversas restricciones en el marco de la declaratoria de «cuarentena total», entre ellas, «la circulación de vehículos motorizados públicos y privados sin la autorización correspondiente de la autoridad competente».
