Sucre, 15 sep (Radio Splendid).- La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó la consulta de constitucionalidad interpuesta por la presidenta Jeanine Áñez, en contra del proyecto de Ley de Estados de Excepción, y el Gobierno anuncia que interpondrá un recurso de queja y que se analice de fondo esta medida.
El TCP argumentó que la consulta realizada carece de legitimación, porque la norma no emergió del poder Ejecutivo.
El Gobierno argumentó que esa norma no tiene sentido, porque los estados de excepción ya están regulados en la Constitución Política del Estado, y que el objetivo del MAS era crear un instrumento jurídico que le permita convulsionar el país, frenando la acción de policías y militares.La ley dice que se puede declarar estado de excepción solo en situación de guerra, invasión o ataque de potencias o grupos irregulares, pero no en conflictos, agitación popular, movilizaciones sociales o dificultades financieras.
Por su parte, el ministro de la Presidencia Yerko Nuñez criticó la actitud del TCP y pidió que analice de fondo esta medida, que según la autoridad es equivocada, señalando que para el rechazo de esta ultima la justificación del Tribunal Constitucional Plurinacional se sustenta en argumentos ajenos a la Constitución Política del Estado (CPE) y a la jurisprudencia. 
Por su parte, el ministro de la Presidencia Yerko Nuñez criticó la actitud del TCP y pidió que analice de fondo esta medida, que según la autoridad es equivocada, señalando que para el rechazo de esta ultima la justificación del Tribunal Constitucional Plurinacional se sustenta en argumentos ajenos a la Constitución Política del Estado (CPE) y a la jurisprudencia.
Los artículos principales de esta Ley de Estados de Excepción es el que dice “se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia”.
Y también el artículo 13 establece que “los servidores públicos, militares, civiles y policiales serán responsables de los actos que resulten de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción”, y podrán ser sancionados civil y penalmente, mientras que los infractores tendrán una multa del 10 por ciento del salario mínimo nacional”.
