La Paz, 17 de jun (Radio Splendid).- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, tras sostener una reunión con las víctimas y familiares de la denominada masacre de Pedregal, en la zona sur de La Paz, ocurrida el 11 de noviembre de 2019 producto de la incursión policial, reiteró su cuestionamiento al Gobierno porque a siete meses de esos hechos, éstos siguen en la impunidad y no se cumplió con el resarcimiento por los fallecidos y atención médica para los heridos.
“Ratificamos la denuncia por la masacre de Pedregal, después de siete meses de impunidad y de falta de atención a las víctimas por parte del Gobierno”, señaló la Defensora.
Cruz indicó que la impunidad en la que se encuentra lo ocurrido en la zona del Pedregal, queda en evidencia con un informe de la Fiscalía, remitido a la Defensoría, en el que se señala que no existe en esa institución un proceso penal por los hechos violentos en las zonas Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa.
Esos incidentes se sucedieron como consecuencia de las protestas que pedían la dimisión del expresidente Evo Morales y aquellas que se desataron luego del alejamiento de éste.
En la reunión con los familiares se trataron temas relativos a la búsqueda de justicia, necesidades económicas como pagos de medicamentos y atención médica; reiteraron su clamor de justicia para que a través de las investigaciones se establezcan responsabilidades y sanciones a las personas responsables de las vulneraciones a los derechos de vida e integridad.
La Defensora informó de las acciones realizadas a través del seguimiento y monitoreo de las personas heridas (837) y fallecidas a nivel nacional (36). Asimismo, comentó que la información sobre los hechos de octubre y noviembre fue expuesta en Haití y Ginebra, ante instancias internacionales de derechos humanos.
Además, se comprometió a desarrollar acciones defensoriales de investigación y seguimiento en la búsqueda de acceso a la justicia y resarcimiento a las personas afectadas.
En una visita al país para investigar estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó las denuncias de los asesinatos de Beltrán Paulino Condori Aruni, de 21 años, y Percy Romel Conde Noguera, de 32 años, quienes habrían muerto por disparos de arma de fuego; y de Juan Marín Félix Taco, de 18 años, cuya causa de muerte no se ha determinado, todos ellos durante la contención de una protesta realizada por pobladores de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, entre el 10 y 11 de noviembre.
La Defensoría del Pueblo ha establecido que estas muertes, así como varias lesiones a personas, fueron producidas durante una intervención policial al lugar de la protesta, y ha identificado un uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública.