La Paz, 16 de abr (Radio Splendid).- La Defensoría del Pueblo, pidió que el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, aprobado recientemente por la Presidenta Jeanine Áñez, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, asegure una diferenciación de género y considere que las oportunidades en el área laboral, social y familiar para las mujeres en las cárceles, son desiguales con relación a los varones y muchas de ellas son madres que siguen al cuidado de sus hijos desde el encierro y son sustento de sus hogares que se encuentran fuera del penal.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en dos notas formales remitidas a la Presidenta del Estado y a la Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, solicitó que se amplíe el alcance del Decreto y en él se incorpore a mujeres que se encuentran recluidas por micro tráfico, mujeres indígenas originarias campesinas, mujeres sin pareja o que también sea privado de libertad, mujeres cabeza de hogar que tengan a su cargo uno o varios de sus hijos o hijas menores 12 años de edad o que tengan a su cuidado hijas o hijos con discapacidad menores de dieciocho 18 años y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.
La Defensora observa que el Decreto “tiene un carácter restrictivo” porque alcanza sólo a personas mayores de 58 años y no considera la situación de otras de menor edad que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad ante el coronavirus.
En ese sentido, también pide a ambas autoridades que el Decreto Presidencial, que se encuentra en la ALP en revisión para su posterior promulgación, considerar la inclusión de personas privadas de libertad menores de 58 años que sean padres y madres responsables del cuidado de uno o varios de sus hijos o hijas menores de 12 años de edad; personas enfermas crónicas; que viven con VIH/SIDA; con discapacidad leve moderada y grave; además de aquellos que hayan sobrepasado el plazo máximo de la detención preventiva, incluyendo presos políticos.
En las notas observa, además, los requisitos establecidos en los artículos 5 y 8 del Decreto Presidencial, y sugiere que éstos deberían reducirse a los estrictamente necesarios en atención a la situación de emergencia actual, más cuando la obtención de los requisitos implicaría activar el sistema procesal y administrativo penitenciario, lo que se dificulta aún más con las medidas asumidas por la cuarentena total. “Es preciso simplificar el procedimiento de indulto y amnistía, a fin de que responda a la coyuntura que se atraviesa actualmente, si bien se han disminuido plazos, la gestión y obtención de requisitos generarán mayores dilaciones”, señala.