La Paz, 10 oct (radio Splendid). – El Cabildo en Defensa de la Democracia, realizado en la sede de Gobierno, la noche de este jueves, resolvió desconocer la candidatura del Movimiento Al Socialismo (MAS) por ser ilegal, acusó a Evo Morales – Álvaro García y sus colaboradores de traición a la patria, por lo cual demandarán ante la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional se instale un juicio de responsabilidades.
El cabildo aprobó ocho resoluciones: exigir al Tribunal Supremo Electoral anular la candidatura del MAS por no respetar la voluntad ciudadana expresada en el Referéndum del 21 de febrero del 2016, por lo cual se desconoce la postulación de la candidatura oficialista y se llama a la desobediencia civil, en tal sentido se convoca a la población a sufragar solo por las candidaturas que son legales.
De la misma manera el Cabildo manifestó su apoyo a los médicos en sus medidas de defensa de la gratuidad de la salud y en su demanda de ser reconocidos por la ley general del Trabajo.
La masiva reunión exigió amnistía irrestricta para los presos políticos entre ellos, los dirigentes Franklin Gutiérrez y Sergio Pampa de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas, los asistentes clamaron libertad.
Sobre el incendio en la Chiquitana el Cabildo denunció los acuerdos y negociados del Gobierno con sectores de la agro industrial, por lo cual se resolvió defender el patrimonio y la biodiversidad exigir que anularse todas las leyes y decretos que permiten el desmonte y la dotación de tierras ilegales.
El Cabildo resolvió, también, apoyar el paro cívico del departamento de Potosí en defensa del litio que es patrimonio de los bolivianos, por lo cual se exige la abrogatoria del decreto supremo 3738 que dispone la entrega los recursos a los intereses transnacionales la abrogatoria siendo que debe ser el departamento que se beneficie de la explotación e industrialización del recurso natural.
Finalmente, el Cabildo acusó a Evo Morales y Álvaro García por los delitos de traición a la patria inscrito en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado, que se los castigue con la máxima sanción penal exigiendo a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional autorice como prioridad instalar un juicio de responsabilidades.
El representante del Comité Nacional en Defensa de la Democracia y rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracin, quien se encargó de dar lectura a las resoluciones.
