Chocó, 25 abril (infobae).- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha seguido reclutando ciudadanos venezolanos vulnerables por sus condiciones económicas. Así lo confirmó la semana pasada un grupo de agentes de la Fiscalía, luego de realizar un operativo de levantamiento de cuerpos en la selva del departamento de Chocó, en inmediaciones del Litoral del San Juan, donde un día antes hubo un enfrentamiento entre la Fuerza Aérea y esa guerrilla.
La madrugada del martes 16 de abril se presentó el combate en un campamento del frente «Che Guevara», y al día siguiente el grupo de la Fiscalía debía realizar los trabajos respectivos para verificar el número de bajas y procesar los objetos incautados. Encontraron memorias USB, computadores y otros elementos tecnológicos, confirmó al diario El Tiempo el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía.
Después de esos trabajos las autoridades determinaron que el grupo guerrillero sigue reclutando para incorporar en sus filas a ciudadanos venezolanos para ensanchar sus filas y menores de edad provenientes de los departamentos de Chocó, Nariño, Arauca y la subregión del Catatumbo.
«Ellos se alimentan como depredadores de las minorías, indígenas y afrodescendientes (…) Inteligencia militar confirma que han reclutado en sus filas a ciudadanos venezolanos, que están vulnerables por las condiciones en que llegan (…) y que son gente sin convicción, sin entrenamiento, sin capacidad y que se van a enfrentar a unas Fuerzas Militares capaces y entrenadas», afirmó el general Mejía al medio nacional.
Esa misma semana la fundación Insight Crime advirtió que las guerrillas son los principales empleadores en las zonas cercanas a las fronteras entre Colombia y Venezuela, pues reclutan migrantes víctimas de la crisis del vecino país para aumentar su poderío criminal y expandirse. De hecho, la Fundación Redes estima que hay más de 15 mil venezolanos dentro de las filas del ELN, el EPL, las disidencias de las FARC y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).
La organización explica que las personas son usadas para trabajos de narcotráfico, contrabando de combustible, minería ilegal de oro, coltán y cobre e incluso como «gariteros» (vigilantes de los negocios ilícitos). Y reciben por ello unos 18 dólares diarios.
