La Paz, 11 feb, (Radio Splendid).- La Defensoría del Pueblo realiza acciones en el caso de los estudiantes de la unidad educativa Ave María que, al inicio del año escolar, fueron impedidos de ingresar a pasar clases y fueron objeto de reclamos por parte de padres de familia y de autoridades de ese establecimiento, porque sus padres tienen pendiente la cancelación de pensiones escolares.
“Los estudiantes fueron afectados en su derecho a la educación y fueron víctimas de discriminación, lo cual condenamos ya que se incurrió en una especie de condena a los hijos por el retraso en el pago de pensiones y se los expuso frente a sus compañeros, afectando su integridad emocional”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Lamentó, asimismo, que un grupo de padres familia, bajo el argumento de defender al establecimiento y la educación de sus hijos, hayan afectado a niñas y niños que tuvieron que quedarse en puertas del colegio por no portar la credencial que habían entregado para identificar a quienes cuyos padres tenían deudas pendientes, y que, según denunciaron, hayan incitado a otros padres de familia a no permitir su ingreso a esa unidad educativa, provocando en algunos casos el llanto de los estudiantes.
“Recibimos denuncias de que padres de familia reclamaron a los estudiantes que exijan a sus progenitores pagar las pensiones adeudadas, y que si no tienen los recursos los lleven a un colegio fiscal, sugiriendo que a un colegio privado sólo acceden quienes tienen recursos económicos”, cuestionó.
Cruz observó, además, el letrero que se colocó en la fachada de la unidad educativa en el que se lee “no existe derecho constitucional que permita estudiar en un colegio privado sin contrato ni pago”, lo cual se constituye en otro acto más de discriminación.
Los padres de los estudiantes afectados indicaron que no se hizo la cancelación correspondiente porque el colegio no habría habilitado una cuenta especial para hacer el depósito bancario del monto establecido por el Ministerio de Educación de 352 bolivianos para la gestión 2018.